miércoles, 28 de noviembre de 2012

Urgente: Nuevos hechos de violencia contra el Pueblo Wichi en Formosa

FORMOSA: EL DERECHO INDIGENA VULNERADO
28 de noviembre de 2012
La oligarquía terrateniente y las fuerzas de seguridad formoseñas desalojaron a 15 familias de la comunidad Wichí de Pampa del Veinte, violando los derechos establecidos en la Carta Magna y en la legislación Nacional e Internacional.
Por: equipo de comunicación del ENOTPO
Durante el día de ayer en horas de la tarde, 15 familias del Pueblo Wichí de la comunidad Pampa del Veinte - localidad de Las Lomitas, provincia de Formosa - fueron desalojadas por el terrateniente y abogado local, Ramón Juárez. Este último radicó una denuncia, aduciendo que las familias utilizan agua de una represa que se encuentra en el Territorio que el terrateniente se adjudica como propio, pero que el Pueblo Wichí utiliza desde tiempos inmemoriales.
A raíz de este conflicto, Ramón Juárez se presentó con 15 agentes de la policía de la provincia de Formosa en el Territorio que habitan ancestralmente las familias Wichí,  haciendo un claro abuso del poder, los obligaron a abandonar el Territorio. Ante estos hechos de violencia, sólo 5 familias lograron resistir el desalojo. Sin embargo, hoy por la mañana debieron abandonar el lugar ante una nueva intromisión que en este caso implicó la quema de una de las casas y de todas sus posesiones.
La Ley Nacional de orden publico N° 26.160 y su prórroga N° 26.554 vigente, establecen la suspensión de los desalojos en territorio indígena, hasta que se complete el correspondiente relevamiento y ordenamiento territorial, con cumplimiento pleno del derecho indígena a la consulta y participación. En este sentido, las acciones llevadas a cabo por Juárez en complicidad con las fuerzas de seguridad y los funcionarios de turno, son diametralmente contrarias a la Constitución Nacional, al derecho indígena y a los derechos humanos.
Hasta el momento, los miembros de la comunidad continúan realizando trámites en la comisaría, a donde se acercaron para presentar la denuncia correspondiente. Allí está presente Mariano López, referente de la Organización Interwichi y delegado territorial de la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena – INAI, quien planteó que “estos casos son frecuentes y que van a seguir ocurriendo mientras que el Gobierno Provincial y las fuerzas de seguridad no asuman la obligación de respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional y los derechos fundamentales de los Pueblos Originarios”.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Nuevo golpe a la Justicia tucumana

Pronunciamiento ante la nueva intromisión terrateniente con intervención de la Gendarmería Nacional, en Chuschagasta, Territorio Diaguita 
21 de noviembre de 2012

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, manifiesta su repudio ante la intervención en el territorio ancestral de la Comunidad Chuschagasta de la Nación Diaguita, por parte de la Gendarmería Nacional, en conjunto con jueces que desoyen las normas constitucionales y avalan los intereses personales de los terratenientes locales.

El día 20 de noviembre de 2012 se presentaron alrededor de 20 oficiales de la Gendarmería Nacional junto con el terrateniente, empresario tucumano Darío Amin con una orden judicial del Juzgado Federal Nº 2, firmada por el juez, Dr. Fernando Luis Poviña, en la que autorizaba a realizar una “inspección” en la actual localidad de El Chorro, Departamento de Trancas en Tucumán. Una vez más, las fuerzas de seguridad defienden intereses sectoriales (los privados) en lugar de velar por la defensa de todos los ciudadanos.

Darío Amín (aliado de Bussi -ex funcionario de la dictadura-) desde hace tiempo viene persiguiendo y hostigando a la comunidad Chuschagasta, dado los intereses económicos que tiene en la zona. Su objetivo es continuar con el saqueo de los bienes naturales, para lo cual obtuvo la venia de la justicia local para intervenir e inspeccionar el Territorio ancestral de la comunidad.

Los conflictos en esta zona, tienen larga data y los abusos cometidos por parte del terrateniente, llevaron a una escalada de violencia que culminó con el asesinato de Javier Chocobar el 12 de diciembre de 2009, autoridad de la Nación Diaguita, y varios heridos (entre ellos un menor de edad). Esta muerte se hubiera evitado si la justicia tucumana hubiese reconocido y aplicado el derecho vigente en nuestra Constitución Nacional. Pero el poder político y judicial de Tucumán decidió mirar para otro lado.

Desde hace tiempo, es frecuente encontrar en la zona grupos paramilitares de Darío Amín, que han abierto el fuego contra la comunidad, amedrentándolos cotidianamente para que desistan en su lucha legítima y constitucional por el derecho a la preexistencia en el Territorio. La comunidad debe convivir cotidianamente con esta violencia física y psicológica, que tiene por objetivo desmovilizar y desorganizarlos, para lograr que abandonen el Territorio que habitan desde tiempo inmemoriales.

En esta nueva intervención en Territorio Diaguita, ha quedado en claro, que la interpretación de las normas por parte de la Gendarmería Nacional es siempre funcional a las oligarquías provinciales y a los terratenientes locales, legitimando la invasión, el saqueo y el despojo de nuestros territorios. No es novedad el accionar autoritario de muchos miembros de estas fuerzas que haciendo uso y abuso de su lugar de poder han cometido cruentas intervenciones que persisten en la memoria de los Pueblos, tal como ha sido la “Masacre de Rincón Bomba” en 1947 (también conocido como Genocidio Pilagá).

Frente a esta situación, instamos a la Ministra de Seguridad Nilda Garré, a que intervenga y que exhorte a las Fuerzas de Seguridad bajo su mando a que cumplan con el rol de defensa y protección de la ciudadanía. Asimismo convocamos al Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, para que vele por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, haciendo valer la política de Derechos Humanos promovida desde el gobierno nacional, garantizando la seguridad física y territorial de los Pueblos Originarios, sentando las bases de una reparación histórica por parte de las fuerzas de seguridad  para con los pueblos Originarios.

Frente a estos atropellos, la Nación Diaguita, junto con las organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios nucleadas en el ENOTPO nos encontramos hermanados, organizados, movilizados y en permanente alerta, con la férrea convicción y lucha por la reglamentación de nuestros derechos constitucionales. Por lo tanto ante una nueva intervención territorial que desconoce nuestros derechos como Pueblos preexistentes decimos que:

  • Las 45 organizaciones nucleadas en el ENOTPO, hacemos propio el grito de justicia de la comunidad Chuschagasta. Nunca más el Estado debe manipular las normas al servicio de los terratenientes.
  • Exigimos juicio y cárcel para los asesinos de Javier Chocobar y justicia para su familia y para el Pueblo-Nación Diaguita.
  • Exigimos el pleno cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios.
  • Demandamos que la reparación histórica y el diálogo intercultural se conviertan en políticas públicas que impulsen la reflexión actual, cotidiana y permanente sobre el presente histórico de los Pueblos Originarios.

lunes, 12 de noviembre de 2012

SALTA: NUEVA AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA REFORMA, ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LOS CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Masiva participación de los Pueblos Originarios en la Audiencia
Un 50% de las vocerías en la audiencia estuvo a cargo de representantes de distintos Pueblos Originarios que llevaron su propuesta desde todas las regiones del país.
Ponencia de los Pueblos Originarios en la audiencia pública, Legislatura de la provincia de Salta.
Viernes 9 de noviembre de 2012 
Por: Equipo de comunicación del ENOTPO.
Alrededor de 150 hermanos y hermanas de Pueblos Originarios nos dimos cita este 9 de noviembre en la Legislatura provincial salteña para dar a conocer la propuesta y posicionamiento político ante la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, haciendo hincapié en la inclusión de la Propiedad Comunitaria Indígena.
Los Pueblos Originarios, hoy estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones y hemos unido nuestra lucha en un espacio de coordinación política denominado Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, que cuenta en la actualidad con 45 organizaciones indígenas. Desde este espacio, hemos generado una masiva movilización y participación en el proceso de reforma de los códigos civil y comercial, el cual hoy nos convoca en Salta para presentar nuestra propuesta de reglamentación de nuestros derechos contemplados en la Constitución Nacional y Convenios Internacionales en el nuevo código.

La propuesta del ENOTPO aborda distintos temas como el derecho colectivo a la Propiedad Comunitaria Indígena, el carácter de la Personería Jurídica Pública no Estatal, el Derecho Colectivo, el Prenombre y el Pueblo como Sujeto de Derecho a la Participación y Consulta, entre otros. La misma tiene como objetivo dar respuesta la superación de problemáticas históricamente relegadas, como la usurpación, los desmontes, la titularidad de la tierra y la situación de desigualdad socio-cultural. Esta postura introduce modificaciones al anteproyecto de reforma, solicitando la introducción de nuevos artículos y pone en el centro la ampliación del Derecho Colectivo.
Domingo Villagra, del Pueblo Tolombón – Nación Diaguita expuso: “La provincia de Tucumán fue cuna de la independencia en 1816 para el Estado nacional, y los pueblos hemos participado en esa gesta, para que seamos un país libre y soberano. Así, las evidencias dan cuenta de ello a lo largo de la historia. Por ejemplo, en estos dos últimos años la presidenta de la Nación ha exhibido las actas en diferentes idiomas, en una fecha significativa como es el 9 de julio. Sin embargo, para los que somos preexistentes, en este nuevo Estado-nación predominó una ideología política que intentó exterminarnos culturalmente, lo que significó la enajenación de nuestro territorio al conformarse un sistema feudal de subordinación política y económica ligado a la religión católica, para convertirnos en servidores de los terratenientes hasta nuestros días. (…) Nosotros queremos la reforma del Código Civil, porque en el caso de Tucumán estamos sufriendo muchos atropellos por parte de los jueces y fiscales, quienes se agarran del Código Civil para disponer desalojos y armar causas sin pruebas”.
Desde las organizaciones territoriales dejamos en claro que no permitiremos que otros actores, como ONG’s, fundaciones o Iglesias se pronuncien en nuestro nombre como intermediarios entre el Estado y los Pueblos Originarios. Hemos retomado la palabra en primera persona, somos los Pueblos a través de nuestras organizaciones los interlocutores válidos y hemos asumido el desafío de proponer y construir la política pública indígena, de acuerdo al mandato desde nuestros territorios.
Salta, Territorio Originario.
Salta es la provincia con el mayor número de Pueblos Originarios de lo que hoy es la República Argentina. Entre ellos se encuentran los pueblos Wichi, Diaguita, Kolla, Tapiete, Chorote, Chulupí, Chané, Qom, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Tastil, Iogys, Atacama y Lule de los cuales los últimos cuatro aún no han sido reconocidos por el gobierno provincial. Esta situación fue denunciada por muchos de los expositores, entre ellos, Mario Tolaba expresó que “la discriminación sigue existiendo ya que la Secretaría de Pueblos Originarios de la provincia reconoce tan sólo nueve pueblos en Salta, desconociendo al resto” e invocó que se cumpla el reconocimiento a la preexistencia establecido en la Constitución Nacional.
En este marco, los ponentes exigieron el cumplimiento de la Ley 26.160 y su prórroga 26.554, y el pronto inicio del Relevamiento Territorial en la provincia de Salta, denunciando el vergonzoso manejo de los fondos realizado por el Equipo Técnico Operativo (ETO) provincial, el cual fue designado por la provincia a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).
Antonio Soto, de la UPND-Salta, planteó: “En la actualidad, nuestras comunidades, en un proceso de reorganización más rápido, y teniendo en cuenta que nuestra provincia es la que más ha extranjerizado la tierra, entienden que el tema principal es el Territorio y la Propiedad Comunitaria como un medio de defensa ante esa nueva extranjerización, que creo que es la misma que la mayoría de los argentinos entendemos que muchas veces llevó a la bancarrota a nuestro país”.
Santos Alankay, de la misma organización, agregó: “A pesar del marco legislativo que existe en materia de derecho indígena, de base colectiva, las familias de nuestras comunidades son denunciadas por usurpación, tratadas como ladrones de campo –irónicamente de nuestros propios lugares de origen-, y de esa manera queda reflejado el desconocimiento y a veces la indiferencia o las posiciones ideológicas de un sector (…) A ese sector, que forma parte de la sociedad, le digo que estoy seguro de que aquella persona que le lava la ropa, que le cambia los pañales a sus hijos, que le corta el pasto o le construye la casa, es descendiente de Pueblos Originarios. No podemos seguir tapando el sol con las manos. A esto se suman las recomendaciones internacionales, de las ONG y de algunos indigenistas que hoy contradicen este proceso”.
Ayelen Sánchez de la comunidad Lickan Antay Corralitos que integra la Red del Pueblo Atacama de la puna de Atacama provincia de Salta y del Salar de Atacama región de Antofagasta Chile, dijo, “Es necesario un cambio de paradigma jurídico y social, que reconozca la pluralidad de culturas que integran el Estado argentino. También los pueblos decimos que queremos el derecho indígena para nuestros intereses y que no sea usado por “especialistas de escritorio” que usan nuestra causa para sus intereses personales e institucionales los cuales salen a  hablar de los derecho de los pueblos sin legitimidad ya que no se refrendan en ninguna autoridad o pueblo originario”.  También agregó, “El punto 82 del informe del relator de la ONU para la Argentina sobre la situación de los pueblos indígenas indica que se debe actualizar los códigos civil, penal, minero y otras legislaciones, para que no sea contradictoria con la Constitución Nacional, la legislación federal y los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas, también en este informe el relator pide que se armonice la legislación Provincial y Nacional”
Una Audiencia pública a puertas cerradas.
Las organizaciones territoriales de los pueblos originarios llegaron a la Legislatura salteña para participar de la audiencia pública y sorpresivamente se encontraron con las puertas cerradas. Al respecto, el Sr. Tolaba, manifestó en su ponencia: “Me siento un poco dolido porque ésta es una audiencia pública y hay muchos representantes de Pueblos que vinieron de lejos para estar presentes y no se les permitió entrar al recinto. Hay hermanos que vinieron del Sur, de Salta, de500 o 600 kilómetros, a expresar su postura y han quedado afuera”.
Los miembros del cuerpo de seguridad y de la organización del evento, aducían que el acceso estaba restringido a los expositores, algo inaudito a lo largo de todo el proceso de las audiencias. Recién después de largos minutos de espera la totalidad de los representantes que se hicieron presentes en la audiencia pudieron ingresar al edificio.

miércoles, 7 de noviembre de 2012